AZUCENA BERMEJO Y JORGE RONDOLETTO, VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

El período conocido como “El Proceso” (1976-1983) se caracterizó por la implantación y vigencia del terrorismo de Estado. Ricarda Azucena Bermejo García, salmantina de origen, fue una de las víctimas de las bandas armadas que, con cobertura “oficial”, asolaran la Argentina.

Ricarda Azucena Bermejo García había nacido en Salamanca el 13 de agosto de 1953 y llegó a Argentina el 25 de febrero de 1954, siendo una beba de siete meses de edad, a bordo del MS “Giulio Cesare”, de la Societá di Navigazione Italiana, en el que con sus padres había embarcado en Barcelona. Llegaban a la Argentina en el marco del Convenio de Emigración suscrito el 18 de octubre de 1948, algo más de un año después del viaje de Eva Duarte de Perón a Europa, por los Plenipotenciarios de Argentina y España, en Buenos Aires; cuyo artículo segundo reconocía a los emigrantes españoles arribados al territorio argentino el goce de los mismos derechos y las mismas obligaciones que los habitantes del país; comenzando a partir de su entrada en vigencia la emigración española masiva hacia la República Argentina, en la nueva oleada migratoria de mediados del siglo XX que se extendió hasta 1962.

La familia se radicó en San Miguel de Tucumán, en el barrio Ciudadela. En ésta ciudad contrajo matrimonio en enero de 1976 con Jorge Rondoletto, cuando terminaron de construir su hogar en la planta alta de la casa de los padres de él.

Tenía 23 años y estaba embarazada de más de tres meses cuando fue secuestrada, junto a sus familiares, por miembros de fuerzas armadas que asaltaron su domicilio el 2 de noviembre de 1976.

El 2 de noviembre de 1976, entre las 14:00 y las 15:00 hs. un grupo integrado por unos treinta hombres armados de la Brigada de Infantería del III Cuerpo del Ejército, bloquearon la calle y otros entraron al negocio de imprenta que Pedro Rondoletto tenía en el mismo domicilio, San Lorenzo 1666, San Miguel de Tucumán. Los hombres vestían de civil, con medias de nylon cubriendo sus rostros y portaban armas cortas y largas y utilizaban voces de mando, como la que entonces utilizaba el Ejército.

Uno de los hombres preguntó a una de las personas en la imprenta si era Pedro Rondoletto. Cuando éste asintiera, lo golpearon brutalmente y se lo llevaron hacia un cuarto donde ya se encontraban su esposa María Cenador de Rondoletto y su hija Silvia Rondoletto. Ínterin otro grupo trajo del piso de arriba a Jorge Rondoletto y a Azucena Bermejo de Rondoletto, la esposa de éste, embarazada de cuatro meses.
Mientras tanto el socio del padre y dos empleados fueron puestos contra la pared del mismo negocio y con las manos en alto y les dijeron que se quedaran quietos, que la cosa no era con ellos.
Luego de aproximadamente 35 minutos, se fueron de la casa llevando a toda la familia Rondoletto: Pedro (59 años), María (58 años), Silvia (24 años), Jorge (27 años) y Azucena (23 años).

Los cinco fueron llevados con ojos vendados y bolsas sobre sus cabezas fuera de la casa. A los padres los metieron en un auto oficial y a los restantes en un auto negro (según informaron los vecinos).

Jorge, tras salir de la casa, al entrar al vehículo, trató de enfrentarlos, siendo golpeado brutalmente.

Antes de partir, uno de los sujetos le dijo a uno de los socios de la imprenta que tenía veinticuatro horas para sacar el equipo del edificio o que pondrían una bomba.

El padre de Azucena pidió una audiencia con el entonces gobernador provincial de facto, ex general Antonio D. Bussi (condenado y destituido por sus crímenes de lesa humanidad y muerto el 24 de noviembre de 2011), por medio de un contador, Elías, que trabajaba en la oficina de Bussi y al mismo tiempo era un amigo y colega de la familia Bermejo y Rondoletto. La reunión jamás se llevó a cabo.

Posteriormente se interpusieron varios pedidos de habeas corpus, sistemáticamente informados con respuestas negativas y rechazados.

También, por medio de terceras personas se trató de llegar al a quien fuera presidente de facto de la Nación, general Jorge R. Videla, con el mismo resultado en los pedidos de habeas corpus.

Los secuestradores se apoderaron de todas las pertenencias de la familia que encontraban en el domicilio. Según los vecinos, la casa continuó siendo saqueada por varios días después, quedando un hombre a “custodiarla”. También sustrajeron los dos automóviles de la familia, un AMI 8, propiedad de Pedro Rondoletto y un Citroen 3 CV propiedad de su hijo Jorge. Este último vehículo se estaba en el taller mecánico del señor Coronel, quien fue obligado a llevar personalmente el coche a la Jefatura de Policía de Tucumán.

Los secuestrados pasaron por la Jefatura de Policía (fueron vistos allí por Juan Martín en diciembre de 1976), la cárcel de Villa Urquiza y finalmente el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El coche AMI 8 propiedad de Pedro Rondoletto fue entregado como gratificación por el comisario Roberto Heriberto Albornoz a un sargento que iba a jubilarse y que había custodiado a la familia Rondoletto en la Jefatura de Policía.

Pedro Rondoletto y su hijo Jorge fueron asesinados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga por el teniente coronel Cafarena.

Los detenidos fueron sacados del recinto de detención por la guardia interna y entregados al primer alférez Roberto Barraza, quien junto al teniente coronel Cafarena y dos o tres gendarmes, condujeron a los Rondoletto al borde de un pozo. Una vez allí el coronel Cafarena hizo arrodillarse a los detenidos y procedió a ejecutarlos mediante un disparo en la cabeza, cayendo al pozo, que tenía dentro ramas y cubiertas (llantas) de coches.

Una vez en el pozo procedieron a arrojar más cubiertas encima de los cuerpos junto con gasolina y aceite, incendiándolos con una antorcha. Pedro Rondoletto permanecía aún con vida cuando le arrojaron una rueda de tractor y le prendieron fuego, por lo que el ex gendarme Antonio Cruz pidió a Barraza que lo matara, pero este se negó, dejándolo morir quemado.

Pedro era comerciante, María, ama de casa. Silvia era maestra, Jorge técnico electrónico y Azucena era salmantina, maestra y profesora de geografía.
Es posible que Ricarda Azucena Bermejo –de quien no se supo nada más- pudiera haber dado a luz en abril/mayo de 1977; aunque no hay datos del nacimiento del niño. No se pierde la esperanza de obtener alguna información del niño que, de haber llegado a nacer, ya sería adulto.

A mediados del año 2026, exhumaciones realizadas por el CAMIT (Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán) hicieron posible la recuperación de restos humanos en el Pozo de Vargas, que fueron Identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como los de María, Jorge y Silvia, allí enterrados. Dos meses después también identificaron los restos de Azucena. Asimismo, se hallaron restos de Pedro. En ese pozo han sido extraídas piezas óseas pertenecientes a más de un centenar de personas desaparecidas.

El Pozo de Vargas está situado a unos 10 kms. de la plaza Independencia, de la capital tucumana; a unos 4 kms. al sur de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Es una construcción subterránea de mampostería de fines del siglo XIX realizada para acumular agua para las locomotoras a vapor por parte de la empresa británica que explotaba los ferrocarriles que, habiendo dejado de cumplir su función original, fue utilizado para la inhumación clandestina de los cuerpos de las víctimas asesinadas en diversos Centros Clandestinos de Detención, entre ellos, la Jefatura de Policía y de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.

La comunidad española en Argentina recuerda a los connacionales desaparecidos. De hecho, en los jardines de la Cancillería de la Embajada de España existe un monumento que recuerda a las víctimas de origen español, de la dictadura militar argentina. La obra, realizada por el Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda en memoria de los ciudadanos españoles víctimas de desapariciones forzosas durante la última dictadura militar argentina, fue inaugurada en 1997 en la Oficina Cultural de España en Buenos Aires, siendo trasladado en el año 2005 a su actual emplazamiento.